Masacre de Florencio Varela: trama de narcotráfico, policía y poder político

Las adolescentes asesinadas con el detenido Luis Weiman

Por Alejandro Guerrero

Todo indica que las cuatro chicas masacradas en Florencio Varela —dos de ellas asesinadas a balazos, las otras dos heridas gravemente— fueron víctimas de una banda de narcotraficantes que opera en la zona con protección policial. El único detenido por el crimen, Luis Weiman, era custodio de varios boliches que funcionan en la avenida Calchaquí, entre Quilmes y Varela, y miembro de una llamada “banda de Adrián”, que utiliza menores para introducir y vender drogas en esos locales nocturnos. Weiman habría cometido el crimen con la ayuda de un policía de la comisaría 3ª, ubicada a cinco cuadras de la esquina de Senzaballo y Los Andes, donde las adolescentes fueron atacadas a tiros de pistola calibre 9 milímetros.

Adrián Abraham está sospechado de ser el “Adrián” que dirige esa banda, aunque por el momento sólo se le ha notificado que está bajo investigación. Otro sospechoso fue detenido, pero no directamente por la causa sino porque se encontró en su casa una pistola Bersa del mismo calibre que el de la usada en la masacre, además de drogas, un handy y una gorra policial.

Frente a la fiscalía que investiga o dice investigar el caso, el padre de Sabrina Barrientos, de 16 años —una de las niñas asesinadas— declaró: "A las chicas las usaban para entrar drogas en los boliches. A cambio les daban plata, tragos y regalos. Acá hay mucha gente involucrada. Esto lo saben los vecinos. Muchas personas me aportaron datos sobre el sospechoso Adrián y sus vínculos con el primer detenido (Weiman). Yo pongo la cara porque no tengo miedo. Mataron a mi hija y no voy a parar hasta que vayan todos presos. Pero hay mucha gente que sabe todo lo que hacían con las chicas, aunque no quieren declarar porque tienen miedo y entonces me lo cuentan a mí" (La Nación, 17/2).

Si bien los femicidios tienen entre sus características la irracionalidad criminal y el desamparo de las víctimas por parte del Estado, llamaba la atención que un hombre baleara a cuatro adolescentes porque una de ellas no quería reanudar una relación con él. Ahora se entiende mejor la protección policial. En el conurbano, policía e intendencias están involucradas hasta la médula con el tráfico de drogas: el narcotráfico tiene penetrado al Estado al punto que lo controla en gran parte. Principales víctimas de esto son los jóvenes a los que ellos corrompen para usarlos de precoces vendedores de basura en los boliches, o de ladrones en zonas liberadas, antes de transformarlos en carne de cañón.

Cuando se niegan suelen terminar como Luciano Arruga. O como en este caso, cuando alguna pequeña falla en el mecanismo delictivo terminó en masacre. Los jóvenes son sistemáticamente atacados por esta podredumbre con corrupción, drogas y delito, y demasiado a menudo con estos crímenes atroces y con el gatillo fácil de la policía. Terminar con este estado de cosas es cuestión urgente de salud pública.

El juicio oral por el asesinato de Candela Sol Rodríguez

El último eslabón de la cadena de complicidades y encubrimiento

Por Alejandro Guerrero

Lo que ha comenzado con el caso del crimen de Candela Sol Rodríguez es una parodia de juicio oral, destinada a convertirse en el último eslabón de una cadena de encubrimientos que dejó a la vista un entramado atroz de complicidades mafiosas entre la policía, el poder político y el judicial. Tres delincuentes de poca monta —uno de ellos ya condenado por otros delitos— todos ellos confidentes de la policía, se sentarán en el banquillo en lugar de los grandes responsables: el ex jefe de policía Juan Carlos Paggi, el ex segundo jefe Hugo Matzkin (asumió la jefatura después de que su antecesor cayera precisamente por este caso) y el ex jefe de la Delegación de Investigaciones de La Matanza, comisario mayor Marcelo Chebriau, junto con el ex gobernador Daniel Scioli, además del ex fiscal Marcelo Tavolaro. Esos son los nombres de quienes encubrieron el crimen para proteger a bandas de narcotraficantes integradas orgánicamente por la policía provincial.

Candela Rodríguez, debe recordarse, fue secuestrada el 22 de agosto de 2011 y estuvo en cautiverio nueve días. La niña tenía entonces 11 años y, en medio de una fortísima conmoción social y un despliegue policial y mediático pocas veces visto, su cadáver apareció en un baldío de Hurlingham, en el oeste del Gran Buenos Aires, dentro de una bolsa de consorcio.

“El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del verdadero territorio en que se desarrollaba el caso”, dice un informe exhaustivo elaborado en su momento por una comisión especial de la Cámara de Senadores de la provincia de la Buenos Aires (http://www.senado-ba.gov.ar/archivos/comision_asesinato_candela_rodriguez/2_1_Sintesis_del_Informe.pdf). En otras palabras: todo ese despliegue tuvo el exclusivo propósito de distraer la atención para proteger a los criminales. Sobre esa comisión senatorial, debe recordarse que se organizó cuando el kirchnerista Gabriel Mariotto era vicegobernador de la provincia y titular de la Cámara, y estaba abiertamente enfrentado con Daniel Scioli. Más tarde, cuando los kirchneristas anudaron su acuerdo con Scioli, aquel informe aplastante quedó en el olvido.

Ahora bien ¿Por qué esa necesidad de encubrir el asesinato de una niña?

Porque, desde el primer día, todos los indicios apuntaban a bandas narcotraficantes de San Martín, en el Gran Buenos Aires, ya no protegidas sino integradas orgánicamente por la policía de la provincia. (Un negocio paralelo de la policía es secuestrar de vez en cuando a narcotraficantes —o a delincuentes de otros rubros, pero en todos los casos a gente que no puede hacer denuncias— para cobrar rescate).

La última señal del Nextel de Candela tenía origen en San Martín. El padre y la madre de la niña son de San Martín y tienen allí vínculos familiares y delictivos (su padre estaba preso por piratería del asfalto) y muy poco tiempo antes, por conflictos entre narcos, había sufrido un intento de secuestro una tía política de Candela, sospechada de actividades narcotraficantes con la policía. Varios llamados al 911, durante los días de la desaparición de Candela, la ubicaban en esa zona, y señalaban a personas de Villa Corea, Costa Esperanza, Villa 18 y Villa 9 de Julio. Ninguno de esos indicios fue investigado salvo muy superficialmente, como para cumplir la formalidad (muchas veces ni eso). En cambio, la policía buscaba a Candela en Hurlingham y Villa Tesei, donde sabía que no estaba. Mientras tanto, añade el informe del Senado, se desarrollaban operaciones paralelas por parte de la policía para tratar de recuperar a la niña, que resultaron fallidas. Finalmente, dice el informe senatorial, los secuestradores debieron asesinar a la niña porque “la prolongación del evento ponía en riesgo el verdadero negocio, el mercado delictual del narcotráfico”.

Además, según la investigación del Senado, la aparición del cadáver en aquella bolsa tenía un significado especialmente macabro: “La exhibición del cuerpo puede ser interpretada como un mensaje mafioso-político en el contexto de internas policiales por el control territorial y la disputa por la conducción de la policía”.

Ese lugar, además, fue contaminado groseramente. Según un perito, una “manada de elefantes” irrumpió en la escena. Era una horda de funcionarios políticos, con Scioli a la cabeza, policías, familiares y periodistas, de modo que se arruinó por completo cualquier posibilidad de encontrar allí indicios útiles. Como semejante torpeza es inconcebible hasta en la Bonaerense y en Scioli, tuvieron que hacerlo adrede. Para decirlo con todas las letras: el gobernador en persona, con su cúpula policial, se encargó él mismo de destruir pruebas.

El Poder Judicial también fue un cómplice activo. “El caótico expediente judicial —dice el informe— constituye la prueba de la vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la policía”. Por último, incluso la madre de Candela, Carola Labrador, sorprendió a todos cuando apareció patrocinada por el abogado Fernando Burlando, de conocidísimos vínculos con la Bonaerense.

En definitiva, es todo un régimen político corrompido hasta los huesos el que debe sentarse en el banquillo de los acusados. En cambio, para culminar el encubrimiento, han puesto ahí a tres infelices.