El último eslabón de la cadena de complicidades y encubrimiento
Por Alejandro Guerrero
Lo que ha comenzado con el caso del crimen de Candela Sol
Rodríguez es una parodia de juicio oral, destinada a convertirse en el último
eslabón de una cadena de encubrimientos que dejó a la vista un entramado atroz
de complicidades mafiosas entre la policía, el poder político y el judicial.
Tres delincuentes de poca monta —uno de ellos ya condenado por otros delitos—
todos ellos confidentes de la policía, se sentarán en el banquillo en lugar de
los grandes responsables: el ex jefe de policía Juan Carlos Paggi, el ex
segundo jefe Hugo Matzkin (asumió la jefatura después de que su antecesor cayera
precisamente por este caso) y el ex jefe de la Delegación de Investigaciones de
La Matanza, comisario mayor Marcelo Chebriau, junto con el ex gobernador Daniel
Scioli, además del ex fiscal Marcelo Tavolaro. Esos son los nombres de quienes
encubrieron el crimen para proteger a bandas de narcotraficantes integradas
orgánicamente por la policía provincial.
Candela Rodríguez, debe recordarse, fue secuestrada el 22 de
agosto de 2011 y estuvo en cautiverio nueve días. La niña tenía entonces 11
años y, en medio de una fortísima conmoción social y un despliegue policial y
mediático pocas veces visto, su cadáver apareció en un baldío de Hurlingham, en
el oeste del Gran Buenos Aires, dentro de una bolsa de consorcio.
“El espectacular accionar policial durante la búsqueda tuvo
como objetivo responder a la presión mediática y desviar la investigación del
verdadero territorio en que se desarrollaba el caso”, dice un informe
exhaustivo elaborado en su momento por una comisión especial de la Cámara de
Senadores de la provincia de la Buenos Aires (http://www.senado-ba.gov.ar/archivos/comision_asesinato_candela_rodriguez/2_1_Sintesis_del_Informe.pdf).
En otras palabras: todo ese despliegue tuvo el exclusivo propósito de distraer
la atención para proteger a los criminales. Sobre esa comisión senatorial, debe
recordarse que se organizó cuando el kirchnerista Gabriel Mariotto era
vicegobernador de la provincia y titular de la Cámara, y estaba abiertamente
enfrentado con Daniel Scioli. Más tarde, cuando los kirchneristas anudaron su
acuerdo con Scioli, aquel informe aplastante quedó en el olvido.
Ahora bien ¿Por qué esa necesidad de encubrir el asesinato
de una niña?
Porque, desde el primer día, todos los indicios apuntaban a
bandas narcotraficantes de San Martín, en el Gran Buenos Aires, ya no
protegidas sino integradas orgánicamente por la policía de la provincia. (Un
negocio paralelo de la policía es secuestrar de vez en cuando a narcotraficantes
—o a delincuentes de otros rubros, pero en todos los casos a gente que no puede
hacer denuncias— para cobrar rescate).
La última señal del Nextel de Candela tenía origen en San
Martín. El padre y la madre de la niña son de San Martín y tienen allí vínculos
familiares y delictivos (su padre estaba preso por piratería del asfalto) y muy
poco tiempo antes, por conflictos entre narcos, había sufrido un intento de
secuestro una tía política de Candela, sospechada de actividades
narcotraficantes con la policía. Varios llamados al 911, durante los días de la
desaparición de Candela, la ubicaban en esa zona, y señalaban a personas de
Villa Corea, Costa Esperanza, Villa 18 y Villa 9 de Julio. Ninguno de esos
indicios fue investigado salvo muy superficialmente, como para cumplir la
formalidad (muchas veces ni eso). En cambio, la policía buscaba a Candela en
Hurlingham y Villa Tesei, donde sabía que no estaba. Mientras tanto, añade el
informe del Senado, se desarrollaban operaciones paralelas por parte de la
policía para tratar de recuperar a la niña, que resultaron fallidas.
Finalmente, dice el informe senatorial, los secuestradores debieron asesinar a
la niña porque “la prolongación del evento ponía en riesgo el verdadero
negocio, el mercado delictual del narcotráfico”.
Además, según la investigación del Senado, la aparición del
cadáver en aquella bolsa tenía un significado especialmente macabro: “La
exhibición del cuerpo puede ser interpretada como un mensaje mafioso-político
en el contexto de internas policiales por el control territorial y la disputa
por la conducción de la policía”.
Ese lugar, además, fue contaminado groseramente. Según un
perito, una “manada de elefantes” irrumpió en la escena. Era una horda de
funcionarios políticos, con Scioli a la cabeza, policías, familiares y
periodistas, de modo que se arruinó por completo cualquier posibilidad de
encontrar allí indicios útiles. Como semejante torpeza es inconcebible hasta en
la Bonaerense y en Scioli, tuvieron que hacerlo adrede. Para decirlo con todas
las letras: el gobernador en persona, con su cúpula policial, se encargó él
mismo de destruir pruebas.
El Poder Judicial también fue un cómplice activo. “El
caótico expediente judicial —dice el informe— constituye la prueba de la
vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la policía”. Por último,
incluso la madre de Candela, Carola Labrador, sorprendió a todos cuando
apareció patrocinada por el abogado Fernando Burlando, de conocidísimos
vínculos con la Bonaerense.
En definitiva, es todo un régimen político corrompido hasta
los huesos el que debe sentarse en el banquillo de los acusados. En cambio,
para culminar el encubrimiento, han puesto ahí a tres infelices.
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